FACHANDULA

Con el susanismo, nació una vieja ideología

Algunos medios de comunicación hacen un uso político y empresarialmente lucrativo de los problemas de la inseguridad. Las declaraciones de Giménez marcan un hito dentro de un largo aprendizaje en la degradación. El surgimiento de un nuevo populismo: el mediático.

Por Eduardo Blaustein
delitosypesquisas@miradasalsur.com

Supongamos la siguiente oferta electoral en el país en el que se pide al bulto ya sea más dureza penal contra los menores que delinquen, la pena de muerte o la necesidad de contar con 16.000 nuevos policías en territorio bonaerense. Se encienden las cámaras, el candidato promete: “Vamos a garantizar la seguridad en los barrios. Vamos a hacerlo saturando los barrios con mayor vigilancia. Vamos a hacerlo cuadra por cuadra en relación estrecha con los vecinos. Vamos a poner 45 mil nuevos agentes en las calles. Esto significa triplicar el pedido del actual responsable de la Policía Bonaerense. Vamos a cuidar la entrada y salida de fábricas, bancos, empresas. Vamos a instalar garitas en cada esquina”. Aplausos.

La palabra “garitas” es la pista: la promesa del candidato ficticio es una realidad desde que hace quince o veinte años la inseguridad se convirtió en negocio perverso. Sólo en la provincia de Buenos Aires se calcula que existen 45 mil agentes de seguridad privada, número equivalente al de policías. La cifra es prudente: hace tres años, el entonces subsecretario de Seguridad bonaerense Martín Arias Duval decía que sólo contando los agentes de seguridad privada que trabajaban en negro, el subtotal era de unos 30.000. Como sea, se trata de un ejército privado de seguridad con una tropa similar a la de bonaerense ¿Mejoraron los niveles de seguridad? Más bien al contrario, retomaremos el asunto al final.

Primer inciso urgente: por jodidos que sean o suenen tienen alguna razón ciertos voceros de la derecha cuando le recriminan al progresismo y a las izquierdas cierta negación del problema de la seguridad o la supeditación de toda discusión hasta un oscuro día de entera justicia social. Es absolutamente cierto que la expresión inseguridad destierra mil sentidos y realidades que los medios no registran. Es verdad que los medios construyen e instalan inseguridades que las estadísticas (precarias, no siempre confiables) más que a menudo desmienten. También es verdad que estamos lejísimo de las realidades espantosas de Brasil, México o Colombia. Es una verdad histórica que las derechas usan los miedos y el temor al otro con los fines más espantosos. Un ejemplo particularmente bonito se publicó en este mismo diario el domingo pasado: un candidato dueño de un medio, Francisco De Narváez, no sólo hace de la inseguridad su mejor bandera, sino que, con las instrucciones internas pertinentes, usa su potencia comunicacional para exasperar mejor y arrancar más votos. De ahí a negar la realidad o satanizar las demandas de seguridad hay un abismo. El derecho a la vida es el primer derecho humano. Hay otro derecho que está ligado a la calidad de vida, a vivir con menos miedo, a construir un mejor espacio público y no un espacio público de derrotas, fragmentación, tristeza y brazos caídos.

Oh, Susana. De Narváez, La Nación, Clarín o C5N pueden hacer un uso político directo y empresarialmente lucrativo de los problemas de la inseguridad. Pero no puede haber sorpresa cuando esa realidad se inserta en una lógica general de los medios que va desde el infoentretenimiento a la necesidad de atrapar audiencias vía impactos, conflictos, espectacularización de esos conflictos. El problema es que comenzamos a vivir casi en el peor de los mundos (“casi” porque está demostrado que podemos vivir peor). La serie de declaraciones iniciadas por Susana Giménez, tan alegremente amplificadas por esos mismos medios que demandan seriedad, rigor y trabajo a la clase política, marca un nuevo hito dentro de un largo aprendizaje en la degradación.

Estamos ante un caso de suicidio colectivo por vía mediática. Tratar el drama de la inseguridad con el lenguaje de Intrusos o Paparazzi es de un nivel de irresponsabilidad social horrendo. No es fácil deslindar cuándo entran a tallar las responsabilidades del movilero o periodista apretado por el productor/ editor/ gerente de noticias que busca el conflicto como espectáculo dador de rating y cuándo interviene la mediocridad o la obsecuencia de quien se escuda en “la sintonía que los famosos tienen con la gente” para esconder ya sea su ideología, su falta de autonomía o coraje. Algún día alguien escribirá un ensayo titulado “El salario como fuente de descomposición en las sociedades”.

En torno de la pena de muerte en estas semanas todo se redujo a la demencial pelotudez de “lo que dijo Susana está en la calle”, “habló desde el dolor”, “algo hay que hacer”. Condicionada además la discusión por el terror pánico –“son los códigos”, diría Riquelme– de meterse ya sea con ella o con Tinelli. Nada de poner en duda la autoridad moral o intelectual de una persona cuya trayectoria cívica consistió en atender teléfonos para regalar dinero, traficar con enanos e hipnotizadores, asociarse con el padre Grassi, protagonizar películas del tipo El Negro quiere. Susana también.

En retroceso. Lo cierto es que la discusión acerca de la instauración de la pena de muerte va a contramano de lo que sucede en el planeta, aún cuando vivimos en un mundo peligroso que afronta serios riesgos de nuevas oleadas de violencia, autoritarismo, racismo, xenofobias. Los datos que actualiza la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte indican que en un total de 136 países la pena de muerte no corre más, ya sea por los 106 que la abolieron o por los 30 que la suspendieron. Una tercera parte de las 64 naciones en las que aún rige la pena capital pertenecen a regiones que los voceros de las maneras civilizadas miran mal: el Medio Oriente y África del Norte. En los últimos tiempos la pena de muerte dejó de existir en naciones tan diversas como Grecia, Kirghizstan, Liberia, México, Filipinas o Senegal.

En Estados Unidos, país emblema a la hora de hablar de la pena capital, ese castigo está en retroceso. Si allí en 1999 se produjeron 98 ejecuciones, el año pasado la cifra se redujo a 33. Y si en los ’90 el promedio anual de condenas capitales se acercaba a 300, en el 2008 el número se redujo en dos tercios: 111 sentencias. Dos estados del gran país del Norte son paradigmáticos a la hora de hablar de pena de muerte: Texas y Florida. En diciembre pasado la Coalición para Abolir la Pena de Muerte en Texas informó en su reporte anual que los jurados “sólo condenaron a 9 personas a pena de muerte en 2008, lo que representa el número más bajo de nuevas sentencias de este tipo desde que se restableció la pena de muerte en 1976”. Otras seis ejecuciones fueron suspendidas por cuestionamientos acerca de la real culpabilidad de los condenados. Desde 1982 Texas, cuna de George Bush, ejecutó a 423 personas. Otro Bush, Jeb, gobernador de Florida, se vio obligado a poner fin a las ejecuciones, luego de que un recluso al que se aplicó la inyección letal demoró 34 minutos en morir, no sin antes sufrir quemaduras químicas.

A costa de la muerte de miles de condenados (incluyendo 416 inocentes, según una célebre investigación de Hugo Bedau y Michael Radelet), en Estados Unidos al menos existe un acumulado estadístico que demuestra que la pena de muerte se aplica de modo selectivo: tienen muchas más posibilidades de morir quienes no acceden a un abogado, los pobres, los negros (el 42 % de los ejecutados, el 12% de la población), los hispanos. En la Argentina de las 2.500 muertes por gatillo fácil, no aplicado precisamente a ricos y famosos, no se debaten estas cuestiones, sino que se gira alrededor del humor de Susana y de un puñado de mitos y falacias.

Vayamos a una de las mitologías más populares: “Los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra”. Veamos: “Recién recuperada la democracia –informa el Cels–, en las cárceles federales de nuestro país había 2.369 personas privadas de su libertad. En 2007, la población carcelaria en esa misma jurisdicción era de 9.148 personas”. Según el reporte del Sneep (Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena) del año 2006, si se incluye a los detenidos en comisarías y en dependencias de la Prefectura y la Gendarmería, la población carcelaria de todo el país se eleva a 60.621 (los datos no incluyen los subtotales de varias provincias). Esto equivale a una tasa de encarcelamiento de 156 personas cada 100.000 habitantes. En 1994 esa misma tasa era de 95 personas cada 100.000 habitantes.

Sin negar ni los problemas de la inseguridad ni los del accionar de la Justicia, no se entiende que se afirme lo de la plena libertad de circulación de los delincuentes ni el “nadie hace nada” tinelliano siendo que las estadísticas demuestran que sólo durante la última década la población carcelaria total en el país creció más del 80 %: de 29.690 detenidos en 1997 a 54.000 en 2006. Son datos del Sneep, publicados en el último Informe Anual del Cels. Última estadística en la que siempre insiste el Cels. “En el año 2006, el 63 % del total de las personas privadas de su libertad no tenía condena firme.”

Duro de penar. El debate sobre la pena capital, no sólo en Argentina, suele adquirir aspectos bizarros. Así por ejemplo en México existe un Partido Verde Ecologista que publica en Internet un foro dedicado a la seguridad… y a la instauración de la pena de muerte. En la página www.penademuerte.org.mx se propone la reinserción de la pena de muerte en los siguientes casos: terroristas que atenten en contra del Estado y de la población; asesinatos con todas las agravantes y criminales atroces; a los secuestradores que maten o mutilen a su víctima; a los servidores o ex servidores públicos de cualquier policía, Ejército o Marina que participen en el secuestro de una persona. Un dato sugestivo: desde 1931 a 1955 la legislación penal mexicana incrementó la pena por secuestro de una máxima de veinte a otra de cuarenta años.

A juzgar por las cifras espeluznantes de la violencia en México, la severidad penal sirvió para poca cosa, tal como ocurrió en Argentina ya sea con políticas a lo Ruckauf, el gatillo fácil o las leyes Blumberg. Hoy, sin embargo, incluso legisladores de origen progresista se inclinan, por ejemplo, por endurecer las políticas penales contra los menores. Es cierto, algunos lo hacen insertando en sus propuestas políticas de inclusión, proyectan espacios de rehabilitación, hablan de la creación de centros de detención adecuados. Es difícil creer que no tengan conciencia de que hay una parte simplísima de sus propuestas que seguramente pasará como un trámite, mediante un simple cambio de legislación. Con el riesgo evidente de que la concepción, implementación y financiación tanto de las políticas inclusivas como la de la construcción de espacios de rehabilitación, en un país donde las cárceles están colapsadas y corrompidas, quedará, de nuevo, para un oscuro día de justicia.

Populismo no es únicamente el acto pecaminoso de repartir choripanes en un acto. Hay nuevos y nutridos modos de populismo y el más reiterado, universal, es el del populismo mediático, el de la receta fácil y la propuesta de casete (más penas, más policía), remotamente lejos de la implementación de políticas consistentes y las complejidades de la gestión. Comparábamos al principio de este texto la demanda de 16.000 policías más versus la aparición súbita, en términos históricos, de una fuerza de seguridad privada de 45.000 agentes, 200.000 si se toma la escala nacional. Hoy sabemos que de poco sirvió, que existen agencias privadas en manos de ex represores o de ex policías sospechados, que los vigiladores no pasan exámenes psicofísicos ni de preparación, que algunos cometieron asesinatos o son cómplices de crímenes, que la Afip denunció que hacia el 2002 el 80 % de esas empresas evadían sus obligaciones fiscales.

Al susanismo estas cosas les interesan poco. Lo mismo sucede con algunos legisladores del republicanismo fino que no hacen otra cosa que seguidismo populista de la agenda mediática. Entran en otra contradicción con sus propios y respetables valores. Porque el problema de la insustancialidad política, a la hora de ser oposición y más a la hora de gobernar, conspira contra la República, contra la calidad institucional, contra el bien común. A la hora de endurecer penas, hay otra pregunta que no se hace desde la susanización: los reventados por la desigualdad, la pobreza, el paco, el alcohol, el arrebato emocional o la demencia, ¿leen los diarios o el código penal antes de cometer un crimen?

Es otro elemento de discusión ausente en el susanismo. El modo de ¿reflexión? automático de la época es el del puro instante, el de rápido/quiero las soluciones/ya. Vivimos regidos por una ecuación según la cual el clima fugaz del instante siempre tiene razón. Y más razón tiene ese instante si aparece encarnado en una figura “popular”. La Historia, la información rigurosa, el debate sobre las experiencias propias o las del mundo, son nocivas para las lógicas de los medios, son lisa y llanamente plomas, áridas, piantarating. Ni siquiera la legitimidad electoral es fuente de nada cuando la verdadera legitimidad es Susana. El pulso del país, nos quieren decir, es la antigua chica-shock, tal como lo fue en los años ’20 el Ku Kux Klan en los Estados Unidos con cinco millones de militantes entusiastas.

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