Por Emir Sader
Los que tenían evaluaciones reduccionistas, asimilando Obama a Bush, tendrán que reevaluar de inmediato sus visiones equivocadas. Bastó el golpe en Honduras –la primera gran crisis latinoamericana desde que empezó el gobierno de Obama– para que se viera cómo Estados Unidos recupera capacidad de acción en un continente donde la había perdido casi por completo.
Bush seguramente no habría condenado el golpe, menos todavía presionado a los golpistas para que aceptaran el retorno del presidente depuesto, como lo certifica el golpe en Venezuela. Pero lo hacen en un contexto en que los gobiernos latinoamericanos, que habían logrado dirimir por sí solos conflictos anteriores –como fue el caso del ocurrido entre Ecuador y Colombia a raíz de la invasión por el gobierno de Uribe a territorio ecuatoriano, en la reunión realizada en República Dominicana donde también retomaron relaciones normales, ahora perturbadas por la nueva onda de denuncias irresponsables de Uribe–, Colombia y Venezuela se ven apartados de la solución de la crisis hondureña. La existencia de Unasur, con un Consejo de Seguridad Su-damericano donde, por primera vez, no está Estados Unidos, que se limitó a mandar su flota naval, como para demostrar que sus armas son otras que las políticas, revela cómo el continente tiene sus formas propias de zanjar sus problemas y sus crisis.
Aun con ese poder de iniciativa, se cometió el error de aceptar la intermediación de Oscar Arias, no por casualidad propuesta por Hillary Clinton, que representa el ala más conservadora del nuevo gobierno norteamericano. Aun contando con una unánime condena internacional del golpe y con el apoyo al retorno de Zelaya al gobierno, el movimiento dirigido por el presidente hondureño aceptó la intermediación de Arias que, si bien lo recibió cuando fue expulsado por los militares de su país, además de haber mediado en los acuerdos de Contadora –que le valieron el Premio Nobel de la Paz–, retornó a la política costarricense para implementar el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. En ese retorno, tuvo grandes dificultades para triunfar por muy pequeño margen en las elecciones, tanto es así que fue obligado a convocar un referéndum sobre el TLC, donde también triunfó por un margen muy estrecho. Es el hombre de Estados Unidos en la región, cuando otros gobiernos, como los de Nicaragua, El Salvador y del mismo Honduras, se distancian de Washington.
Arias se comportó exactamente como quería Estados Unidos. Promovió un reconocimiento de hecho al gobierno golpista, poniendo las dos partes a negociar como si tuvieran estatutos similares. Planteó en primer lugar la condición de que Zelaya retorne a la presidencia, pero renunciando a cualquier iniciativa propia, haciendo que termine su mandato, simplemente para mantener la continuidad institucional, como si ésta no hubiera sido claramente rota. Ni siquiera se acusaría a ningún golpista, al contrario de lo anunciado por Zelaya, que pretende sancionar a los militares que han perpetrado el golpe. Se terminaría el mandato, sin pena ni gloria, y como Zelaya perdió las elecciones internas del partido al que todavía pertenece, no concurriría con ninguna alternativa que permitiera que el pueblo se pronunciara sobre su gobierno.
Micheletti juega con la continuidad hasta que el nuevo gobierno sea elegido. La importante decisión de los presidentes del Mercosur afirma que no reconocerán a ningún gobierno que reciba la presidencia del surgido del golpe. Debiera ser una posición asumida por todos los que condenan el golpe.
Frente a la resistencia de Micheletti de devolver la presidencia a Zelaya, Estados Unidos pasó a jugar una alternativa, que es la de que las fuerzas armadas acepten las condiciones propuestas por Arias. Se difunde que la declaración de los altos mandos militares hondureños fue redactada en Washington, en la oficina de un senador demócrata norteamericano, para terminar de confirmar que el gobierno Obama busca de todas formas salvar la apariencia de institucionalidad, como si no hubiera habido ya una ruptura de la institucionalidad democrática que impide que Zelaya gobierne y que someta a su pueblo una alternativa de continuidad política fuera de las oligarquías que han dominado siempre al país, responsables de que sea uno de los más pobres del continente.
Así, tampoco se puede aceptar que Zelaya asuma simplemente para concluir el mandato, como si nada hubiera pasado –es decir, sin el castigo a los golpistas, entre ellos los altos mandos de las FF.AA., la alta cúpula del Poder Judicial, los políticos y dirigentes de los dos partidos tradicionales–, y sin que el pueblo pueda pronunciarse sobre el gobierno de Zelaya, que debiera poder lanzar un candidato, que represente la continuidad de su gobierno, por alguno de los partidos alternativos.
El retorno de Zelaya para solamente cumplir su mandato sería la victoria de la posición de Estados Unidos, salvando las apariencias, apareciendo como condenando al golpe, sin sancionar a los golpistas, haciendo que se cumplan las semanas que faltan del mandato de Zelaya, que se retiraría del gobierno y con ello terminarían las alternativas que empezaba a construir para Honduras.
Hace tiempo, desde el golpe en Venezuela, se incrementaron las ofensivas contra los gobiernos de Lula, de Evo Morales, de Cristina Kirchner, con que la derecha intenta frenar la ola de gobiernos que abandonaron el consenso neoliberal que los conservadores, apoyados por Estados Unidos, han impuesto en el continente. En caso de que logren ese “golpe blanco” en Honduras, habrían encontrado una vía sui generis, sin victoria electoral y sin ensuciarse directamente las manos en un golpe. Sería la primera victoria del gobierno Obama en el continente, en un momento en que las posturas bushistas de Uribe amenazan con provocar situaciones muy difíciles para el nuevo gobierno estadounidense, haciendo retroceder al escenario de aislamiento total en la región, cuando Colombia era su gran aliado.
Los gobiernos que han condenado el golpe en Honduras, que han construido Unasur y el Consejo Sudamericano de Defensa, tienen que hacerse responsables por una solución democrática para la crisis hondureña, al igual que deben hacerse cargo de los conflictos que rebrotan entre Colombia y sus vecinos, para parar definitivamente los chantajes de Uribe, que sirven apenas para recubrir su proyecto de instalación formal y abierta de una base militar norteamericana en su país. Lo cual, además, choca con la pertenencia al Consejo Sudamericano de Defensa, que debería reunirse para exigir una declaración formal del gobierno colombiano de que no violará los acuerdos del Consejo.
O América latina se hace cargo de sus problemas y de su destino, definitivamente, o el imperio, bajo una u otra forma, volverá a dictar las cartas en la región que más ha avanzado en el mundo en los procesos de integración regional y de construcción de alternativas al modelo neoliberal.
* Secretario ejecutivo de Clacso
